La vida post COVID-19 es incierta, no solo en nuestra vida cotidiana o en nuestra rutina, la impartición de justicia también se ha visto afectada por la situación de emergencia que se vive en México y el mundo, lo cual no necesariamente representa un impacto negativo, sino por el contrario, podría significar el tan anhelado avance en la administración de justicia.

A medida que se acerca el retorno a las actividades, ni los órganos jurisdiccionales ni los ciudadanos tenemos claro el cómo se deberá llevar a cabo la impartición de justicia después de este periodo de suspensión de actividades, como lo hemos observado en cada uno de los comunicados y disposiciones determinadas por las autoridades sanitarias, estas se han visto limitadas y se ha tenido que improvisar el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales.

Esta falta de claridad, se ha visto evidenciada por las diferentes posturas y medidas que los Poderes Judiciales Estatales y Federales han adoptado, en algunos Estados se ha intentado seguir la directriz que el Poder Judicial Federal ha implementado, pero otros han tenido que adoptar sus propios plazos de suspensión de labores y de medidas de atención de los nuevos y los ya existentes juicios atendidos por ellos.

Ante esta situación, los Órganos Jurisdiccionales han actuado conforme a sus posibilidades, resultando evidente que existe una diferencia importante entre ellos, pues algunos cuentan con herramientas tecnológicas y otros no o son deficientes. Algunos Órganos Jurisdiccionales han desarrollado sistemas electrónicos que permiten a las partes consultar y dar seguimiento a los juicios y procedimientos que tienen a su cargo resolver, como lo son los Juzgados de Distrito y los Tribunales Colegiado, entre otros Órganos Jurisdiccionales Estatales.

Estas herramientas electrónicas van más allá de la implementación de expedientes electrónicos, sistemas virtuales o incluso la posibilidad de presentar promociones por estos sistemas o plataformas, en determinados Poderes Judiciales Estatales ya se han empezado a planificar las diligencias y audiencias digitales, las cuales se podrán agilizar gracias a la tecnología. Otro acto judicial que se puede llevar vía remota a través de los medios digitales son las audiencias.

Lo anterior, beneficia al personal que integra a estos Órganos, ya que permite a los servidores públicos trabajar a distancia, y tener la posibilidad de atender el rezago y la carga laboral, que a la fecha tienen. Asimismo, se beneficia a las partes, ministerios públicos, defensores públicos y litigantes presenten promociones y/o demandas en línea, evitando, de nuevo, que tengan que desplazarse hasta el juzgado.

Esto, constituye una puerta que nos permitiría tener un acceso a la justicia más amplio, a aspirar a tener una transparencia y rendición de cuentas en los procesos y disminuir la corrupción que, por la interacción entre las personas, se ha gestado en todas las instalaciones del Poder Judicial. Sin embargo, se debe de tener en cuenta que existen Órganos que aún no cuentan con las herramientas tecnológicas para llevar a cabo las funciones judiciales vía electrónica y mucho menos realizar su trabajo vía remota.

En este punto es importante señalar que, si bien la utilización de herramientas digitales parece ser un paso positivo en todos sus aspectos, existen riesgos propios de esta transición como el riesgo de traslado de los expedientes, la extracción de documentos y constancias oficiales de las oficinas, la protección de la identidad de las partes y, el obstáculo mas importante al que nos enfrentamos, el acceso a internet o a las herramientas digitales que permitan a todos los sujetos involucrados a tener la posibilidad de formar parte de esta nueva manera de impartir justicia e inclusive de informar a la ciudadanía al respecto.

Aunado a lo anterior, el rezago y el incumplimiento de los tiempos procesales, así como la poca eficacia en la administración de justicia, tema que no es nuevo en México, resalta la realidad de que nadie o solo unos pocos, conocen el significado de la justicia pronta y expedita. Los Poderes Judiciales Federal y Estatal a quienes, poéticamente la Constitución les ha conferido la administración e impartición de justicia, se han visto rebasados por el número de juicios que deben de atender, así como por la falta de personal capacitado para cumplir su función, problemas que el Estado no ha podido superar.

No obstante, la existencia de estos riesgos y problemas, se debe asumir el costo de transición que es necesario para contribuir a la consolidación de una administración de justicia eficaz, hoy, la pandemia nos ha traído una nueva oportunidad, una esperanza que, la necesidad social y de supervivencia, se nos presenta a través de las herramientas tecnológicas y que debemos aprovechar.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.