La situación en la que se encuentran hoy en día los empresarios de todo el mundo es algo sin precedentes. No porque no hubiera pasado en tiempo anterior, sino porque los números de la desaceleración económica provocada por la pandemia de COVID-19 son los mayores registrados en una crisis de esta índole. El freno a toda actividad productiva con motivo de las medidas adoptadas por la mayoría de los gobiernos para hacer frente a dicha pandemia, ha provocado afectaciones directas principalmente en el flujo de efectivo de los negocios. Esto, puede derivar en un sinfín de cuestiones legales negativas para las empresas, las cuales debieron o deberán tomar acciones inmediatas para preservar sus negocios, tales como la restructuras de deuda, preservación de flujos, extensión de términos, incrementar su apalancamiento, la negociación de nuevas garantías, etcétera.

Ahora bien, es esencial que las empresas se encuentren correctamente asesoradas en esta toma de decisiones, de lo contrario podría ser contraproducente para las mismas y pudieran resultar en situaciones de responsabilidad civil o penal para los tomadores de decisiones.

Por lo que respecta a la responsabilidad civil, esta se define como la obligación que tiene una persona de indemnizar a otra por aquellos daños y/o perjuicios que se le han causado. En el caso de las empresas sería, por lo tanto, aquellos actos u omisiones que, derivado de relaciones jurídicas celebradas por la empresa, generen u ocasionen daños y/o perjuicios a las demás partes de dichas relaciones jurídicas. Cabe destacar que los representantes legales de la empresa (como por ejemplo, directores o funcionarios), pudieran también calificarse como responsables de los actos u omisiones que generen responsabilidad civil a la empresa.

La responsabilidad penal, por otro lado, es aquella que se genera por un acto u omisión que contraviene una norma determinada creando una conducta típica antijurídica y generando una afectación determinada, obligando al causante a reparar el daño a través de una pena. El Código Nacional de Procedimientos Penales, en su Artículo 421, señala que las empresas serán responsables de los delitos cometidos a su nombre, por su cuenta, en su beneficio o a través de los medios que ellas proporcionen, cuando se haya determinado que además existió inobservancia del debido control en su organización.

Cabe destacar que, en ambos casos, los representantes legales de la empresa (como por ejemplo, directores o funcionarios), pudieran también calificarse como responsables de los actos u omisiones que generen responsabilidad civil o penal a la empresa.

Es por ello que sugerimos se tomen en consideración los siguientes puntos:

i. Evitar celebrar operaciones con la intención de no pagar o defraudar a los acreedores;

ii. Realizar pagos en especie;

iii. Operaciones fuera del curso ordinario de los negocios;

iv. Otorgamiento de garantías adicionales a las ya otorgadas en operaciones de financiamiento;

v. La contratación de seguros para D&O; y

vi. Manifestación en contra durante votaciones en asamblea de accionistas, consejo de administración, comités u organismo corporativo de cualquier otra índole, de aquellas cuestiones que deriven o pudieran derivar en un acto u omisión que tengan como consecuencia un enriquecimiento no documentado, un conflicto de interés o posible incumplimiento a sus obligaciones; entre otros.

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