Foto: REUTERS.

Con fecha 8 de junio de 2021, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la llamada “Ley Bitcoin” mediante la cual se permitirá el curso legal del Bitcoin (BTC) como criptomoneda y moneda paralela a la oficial, el dólar estadounidense. Esto convirtió al país centroamericano en el primero en el mundo en reconocer al criptoactivo como una moneda legal de intercambio.

De acuerdo con el decreto la “ley tiene como objeto la regulación del bitcoin como moneda de curso legal, irrestricto con poder liberatorio, ilimitado en cualquier transacción y a cualquier título que las personas naturales o jurídicas públicas o privadas requieran realizar”[1].

Adicionalmente, la Ley establece que la razón de cambio entre el Bitcoin (BTC) y el dólar estadounidense, moneda de curso legal en el país sudamericano, estará “establecido libremente por el mercado”[2] y no estará sujeto a impuestos sobre ganancias de capital al igual que cualquier moneda de curso legal.

La disposición anterior se vuelve especialmente relevante que la Ley de referencia toma en cuenta la volatilidad de la criptomoneda, pero a diferencia de las regulaciones actuales a nivel internacional que buscan prevenir los riesgos que la misma implica, la legislación a entrar en vigor en El Salvador pretende abrazarla, lo cual implica riesgos altos de un colapso del sistema monetario y financiero de actualizarse un supuesto de rompimiento de la llamada “burbuja” que ha propiciado la tendencia de crecimiento en la valoración del criptoactivo.

En este sentido, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha comunicado su preocupación sobre las implicaciones económicas y legales que podría tener la Ley Bitcoin al convertir al criptoactivo en una moneda de curso legal en el país.

Por lo tanto, la legislación de referencia dispone que “todo agente económico deberá aceptar bitcoin como forma de pago cuando así le sea ofrecido por quien adquiere un bien o servicio”[3], lo cual se vuelve interesante al pensar en las implicaciones de conciliación de pago a nivel de comercio internacional, pues deberá llevarse a cabo un análisis de si las legislaciones internacionales podrían considerar la inclusión del Bitcoin (BTC) dentro del concepto de “moneda extranjera” en las transacciones celebradas con El Salvador.

En un ejemplo más preciso, en nuestro país de conformidad con lo dispuesto en la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (LRITF), en su artículo 16, se dispuso a la letra lo siguiente:

“Las Operaciones a que se refiere este artículo se denominarán en moneda nacional. Asimismo, (…) podrán realizar las referidas Operaciones en moneda extranjera o con activos virtuales, en los casos y sujeto a los términos y condiciones que el Banco de México establezca mediante disposiciones de carácter general que para tal efecto emita.”

En consecuencia, de acuerdo con las características que le otorga la Ley Bitcoin a la criptomoneda en todo el sentido legal del concepto de moneda, el Bitcoin (BTC) cumple con las características para poder ser considerado una moneda legal de intercambio en El Salvador, por lo que se vuelve interesante pensar entonces en las implicaciones que tendrá en la adaptabilidad del mismo no como un criptoactivo con un ya muy criticado historial y volatilidad, sino más bien como una moneda extranjera, aceptada plenamente por el país “emisor” para consolidar transacciones de todo bien o servicio requerido.

No cabe duda que la constante evolución de la tecnología tiene cada vez más implicaciones legales y económicas en el mundo moderno, por lo que se vuelve cada vez más relevante hablar de una evolución paralela de los marcos legislativos para incentivar el desarrollo tecnológico y no limitar los efectos benéficos que podría tener, tal como México lo ha hecho desde la emisión de la Ley Fintech (LRITF), por ejemplo.

No obstante, si bien debemos ser cautelosos en no sobre regular a razón de limitar el desarrollo tecnológico también debemos ser cautelosos en no otorgar libertad absoluta o excesiva para las aplicaciones de las nuevas tecnologías, sobre todo aquellas con un impacto financiero y social que podría no ser reversible dependiendo del grado de afectación.


[1] Asamblea Legislativa de El Salvador. (2021, 8 junio). Decreto por el cual se aprueban las disposiciones generales de la Ley Bitcoin. https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/dictamenes/27F0BD6F-3CEC-4F52-8287-432FB35AC475.pdf

[2] Ídem.

[3] Ídem.

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